El
ministro de Gobernación español, otro franquista impune, Rodolfo
Martín Villa le concedió la medalla de plata dos días antes de las
elecciones de 1977. Una jueza argentina lo quiso juzgar por 13 delitos de
torturas pero el 2014 la Audiencia española rechazó su extradición.
La
Asociación para la recuperación de la memoria histórica (ARMH) ha
denunciado que el comisario franquista investigado por torturas José Antonio
González Pacheco —conocido como ‘Billy el niño’— cobra una
pensión especial por una condecoración que le otorgaron hace más de cuarenta
años por sus ‘méritos policiales’.
La
información sale de una respuesta del ministerio del Interior español a la
misma asociación, donde confirma que fue el ministro de Gobernación, Rodolfo
Martín Villa -otro alto cargo franquista cuyos crímenes siguen impunes-,
quién lo condecoró con una medalla de plata el julio de 1977, dos días antes de
la celebración de las primeras elecciones después de la dictadura franquista.
Desde aquel momento, su sueldo se incrementó un 15%.
Aquel
reconocimiento hoy se refleja de manera vitalicia en su pensión. Una jueza
argentina lo quiso juzgar por 13 delitos de torturas pero el 2014 la Audiencia
española rechazó su extradición.
A
la respuesta del Ministerio del Interior confirma que la condecoración con la
medalla al mérito policial se publicó al BOE del 1 de julio de 1977 y que,
desde entonces, esto le representó un incremento salarial del 15%. Ahora,
jubilado, este plus se refleja en una pensión extra equivalente a aquel
incremento. ‘Continúa percibiendo la cuantía correspondiente a aquella
condecoración’, recoge la respuesta de Interior.
Desde
la asociación denuncian que, hoy en día, continúa sumando a su pensión otra
concedida por sus méritos por haber ‘infligido terribles torturas a centenares
de hombres y mujeres que se oponían a la dictadura’.
Por
eso, desde el ARMH solicitarán en el gobierno español la retirada de
esta pensión especial para considerar que no se puede reconocer el mérito de
una persona que cometió ‘ incontables delitos contra las libertades como
miembros de la policía política’.
La
justicia argentina lo reclamó para intentarlo juzgar allá por torturas. El 2013
fue a declarar a la Audiencia española, que se opuso a su extradición.
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